Por Soledad Segade
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Después de haber sido aprobada ley para limitar los beneficios de los presos de Mendoza, el diputado radical Luis Petri se metió en una nueva polémica y ahora va por la creación de la Policía Judicial. En su proyecto de ley sostiene que una vez aplicada la norma el Ministerio de Seguridad sólo se abocará a la prevención de delitos, pero no a la investigación de los que hechos ya cometidos.
Petri propone la creación del Cuerpo de Investigación Criminal que estará integrado por policías que hasta hoy están dedicados a las investigaciones de los diferentes crímenes. Estos efectivos pasarán a responder al Poder Judicial y dejarán de hacerlo al Ministerio de Seguridad, según indica la ley que el legislador presentó este viernes al mediodía.
Además habrá civiles que ingresen por concurso público y luego se sumará los profesionales que estudien la carrera de investigador judicial, que según estipula la nueva ley Petri, en un primer momento se creará como una carrera dentro del Instituto de Seguridad Pública, donde se forman los policías, hasta que se cree la escuela de Investigación Judicial.
“Necesitamos una Policía más judicializada y especializada”, soltó Petri a diariouno.com.ar minutos antes de presentar el proyecto: “No podemos permitir que sólo el 3 por ciento de las causas terminen resueltas y con una condena. Esto se debe a que la investigación no es fructífera y es necesario mejorarla”.
Estos “detectives judiciales”, como se los llamará para diferenciarlos de la antigua estructura, responderán directamente al Procurador de la Suprema Corte de Justicia, Rodolfo González, y a los fiscales para los que trabajarán en la investigación y resolución de delitos.
El primer período de implementación de la reglamentación será en fiscalías de la Tercera Circunscripción que comprende los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz, donde ya rige el nuevo Código Procesal.
La designación del personal será tarea del Procurador González, quien deberá solicitar el recurso humano que necesite por medio de un acuerdo con el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial.
La transferencia de personal será progresivamente hasta que la Dirección de Investigaciones, que depende de la cartera comandada por Carlos Aranda, quede prácticamente disuelta.
Los detectives trabajarán en las Oficinas Fiscales junto a los fiscales de instrucción de cada jurisdicción para quienes trabajarán.
