as grandes fechas tienen una ventaja: ayudan a graficar un tema. Y una desventaja: lo simplifican demasiado. Es lo que parece ocurrir con el próximo viernes, el 7 de diciembre, una fecha que simboliza el cruce entre el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre adecuación de los propietarios de medios a normas de mercado sin posiciones dominantes, la cautelar que interpuso el Grupo Clarín y la falta de decisión judicial sobre el fondo del asunto, la constitucionalidad del artículo. Raúl Zaffaroni, que no es sólo un jurista sino también ministro de la Corte Suprema, analiza el tema y explica las últimas resoluciones del máximo tribunal.

–Falta menos de una semana para el famoso 7 de diciembre. ¿Qué debería pasar ese día?

–Vamos a los hechos. Hasta ahora lo que se decidió en la Corte es simplemente no hacer lugar a la vía ensayada por Clarín para un acceso, precisamente, a la Corte. También resolvimos decirle al fuero Civil y Comercial Federal: “Pónganse en orden y desenmarañen lo que hay, con su añadido de excusaciones y recusaciones”. En cuanto al juez, que dicte sentencia lo más rápido que pueda.

–¿Ustedes le indicaron un día para dictar sentencia?

–No, no se lo podemos decir. El juez tiene términos. Lo que se dice es que los términos se acorten.

–El último fallo de la Corte Suprema sobre todas las circunstancias que rodean al artículo 161, el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece la adecuación de los medios a nuevas cuotas de mercado, ¿profundiza o cambia el fallo de la Corte de mayo sobre que las cautelares debían tener un plazo razonable?

–El fallo del 22 de mayo sigue vigente. Lo que se ensayó ahora por parte de una parte reclamante es una vía de entrada por un recurso no procedente. Dijimos que así no se hace. Por eso no se le abrió la instancia. Y aprovecho para aclarar que no hubo resolución complementaria. En la Corte Suprema se firmaron las dos en el mismo momento. Por un lado, una fórmula sacramental y por otro lado una resolución diciendo a los jueces que actúen.

–¿Qué es una fórmula sacramental?

–Como un sello. Una fórmula habitual para decir que un recurso no procede.

–¿Y cuál es el espíritu del mensaje al juez?

–Pongo un ejemplo práctico. Que el juez saque las fotocopias que deba sacar y que no se desentienda del expediente. Que no cierre ahora el expediente completo y lo mande para arriba.

–Que no dé innecesariamente vueltas buscando la segunda instancia.

–El mensaje podría leerse así: “Señor, no dé más vueltas y escriba la sentencia”. Por supuesto, llegar a esa sentencia es algo que debe hacerse respetando los términos procesales según el estado de la causa.

–¿Hay algún elemento a la vista para sacar la conclusión de que el Poder Judicial incurrió en denegación de justicia?

–No, de ninguna manera. Denegación de justicia no. Hay un retardo de justicia motivado por una maraña de excusaciones y recusaciones. El retardo no es denegación. Salvo que se prolongue indefinidamente. Ya hemos fallado en contra de la prolongación indefinida y también resolvimos pedir de manera concreta una aceleración del trámite, incluso aprovechando a fondo el horario.

–Los jueces suelen decir que no hay una legislación sobre el plazo de vigencia de una medida cautelar. La Corte, en mayo, dijo que una cautelar sin fin es como un fallo de fondo. ¿Sería conveniente para la Justicia que existiera una legislación sobre cautelares?

–Sería posible, en teoría, pero muy difícil. Las medidas cautelares rigen materias muy heterogéneas.

–Pero el criterio de la Corte es que la base de los fallos no sean las cautelares.

–No podemos tolerar que todo el Derecho se convierta en derecho cautelar.

–¿Qué sería un derecho cautelar?

–Un derecho por las dudas. Extendamos el campo de análisis. Si tenemos un 60 por ciento de procesados en las cárceles, quiere decir que también los tenemos por las dudas. En lugar de fallos, medidas por las dudas. No es conveniente. En materia civil, las cosas son distintas. Una medida cautelar tiene la ventaja de que existen medidas contracautelares.

–Unas medidas balancean a las otras.

–Sí. Pero eso no se puede trasladar así como así al Derecho Administrativo.

–¿Por qué?

–El Derecho Administrativo puramente cautelar puede parar la administración pública. Se necesitaría una regulación, pero no es fácil conseguirla. El problema aquí es que se trasladó un sistema de cautelares de la Justicia que trata sobre temas privados al plano del Derecho Administrativo. Eso es preocupante.

–¿Cuándo empezó ese traslado masivo de un fuero a otro?

–Hace muchos años. Antes, obtener una cautelar en Derecho Administrativo era difícil. Nada sencillo. En un momento se produjo una catarata de cautelares con motivo del corralito.

–O sea, decisiones judiciales posteriores a diciembre de 2001. Ya van más de diez años.

–Fue como una tormenta de verano de cautelares que siguió y terminó con una época en la que algunos temas se manejaban con más prudencia.

–Ya que apareció la palabra “prudencia”, ¿fue prudente la cámara de Nueva York que suspendió la aplicación del fallo del juez Thomas Griesa?

–Resolvió las cosas bastante bien. De todas formas, yo vengo insistiendo en que sería conveniente que hacia el futuro revisáramos la extensión de nuestra jurisdicción en beneficio de tribunales extranjeros. Hay que pensarlo en una eventual reforma constitucional o someter la jurisdicción a otros controles. Si no, es cesión de soberanía. Porque la jurisdicción es un atributo de soberanía. Claro, hay que hacerlo con la debida prudencia. Al contraer la deuda originaria y encima ceder jurisdicciones, esa prudencia no existió. La soberanía del pueblo es la fuente de los tres poderes del Estado.

–Hay una tensión entre la internacionalización y esa soberanía.

–Tensión hay, por supuesto, pero el sistema internacional funciona de esta manera. No hay internacionalmente un procedimiento para el caso de falencia de un Estado. Pero cuando hay un supuesto de falencia, se convoca a los acreedores. Eso se hace en todos lados. Griesa tendría que haber dicho que el 7 por ciento de los bonistas que en su momento no aceptaron ninguno de los dos canjes debería cobrar lo mismo que antes aceptó la mayoría. Si, al contrario, se acepta el criterio Griesa, nadie va a arreglar nunca más una deuda.

–¿En la Argentina o en el mundo?

–Hoy el tema de las deudas es mundial. Hay deudas astronómicas e impagables porque comprometen en muchos casos hasta más del PBI de un país. Si aparece un loco como Griesa y dice que el que no aceptó tiene que cobrar la totalidad, ya no se podrá resolver nunca una situación de falencia de un Estado. Eso alarma a todo el sistema financiero. Griesa no tiene sentido de la realidad económica.

–¿También es mala la vigencia de jurisdicción del Ciadi?

–Sí, también. Nos hemos comprometido a extensiones de jurisdicción y además nos sometemos a organismos donde sabemos el tipo de predominio que existe. Cuidado. De aquí en adelante, cuando alguien quiera ceder más soberanía, empecemos a enyesarles la mano a los que firman.

–En la presentación de los trabajos del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema sobre homicidios dolosos difundidos el jueves último, el texto dice que “la República Argentina ha pasado por situaciones gravísimas de violencia institucional y social, pero en la actualidad no registra cifras alarmantes de criminalidad en relación con las de la región”.

–Si. También considero que es momento de comenzar a ocuparnos del daño real del delito, porque nadie puede prevenir lo que desconoce.

–Los datos del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema sobre homicidios en Capital Federal, La Plata, San Martín, Tres de Febrero y José C. Paz dan el primer lugar a la riña o a la pelea como motivación del homicidio doloso.

–Sí, o un conflicto personal que no es intrafamiliar. Hay una hipótesis respecto de eso. Como se generan economías violentas de subsistencia en torno de las villas, muchos conflictos pueden estar provocados por estas economías de supervivencia relacionada con tóxicos. Pero puede haber otras explicaciones. Vamos a seguir trabajando con todo el Gran Buenos Aires para averiguarlo. Conseguimos la cooperación de las universidades del conurbano. Todas tienen carreras de ciencias sociales. Usemos todas las metodologías, entonces. Incluso el análisis cualitativo para entender las bases de la conflictividad.

–¿Una hipótesis de trabajo es que haya un fenómeno de control territorial y disputas con muertos por el narcotráfico?

–Exactamente. Es una de las hipótesis. Hay que entrar a ver en la investigación si se confirma o no la hipótesis. Pero cuando hablo de tóxicos hablo también de alcohol y de fenómenos cotidianos. Tanto en el 2010 como en el 2011 hay una alta incidencia de alcohol que se puede descubrir cuando avanza el año. En otro nivel de análisis, cuando comienzan los operativos de Gendarmería y Prefectura, los homicidios bajan.

En la ciudad de Buenos Aires los homicidios dolosos se concentran en barrios del Sur. En el departamento judicial de San Martín, según los datos del Instituto, en los barrios de emergencia.

–Sí. En el resto la incidencia del homicidio doloso es menor. En La Plata está un poco más distribuido porque La Plata no tiene grandes barrios de emergencia sino pequeños barrios de este tipo. Hay 14 municipios. La densidad de población es menor y hasta tiene zonas rurales.

–¿Las hipótesis de trabajo avanzaron en la forma de reducir los homicidios con móvil de pelea?

–Es obvio que hay que tomar medidas de prevención primaria. La urbanización. Meter pavimento, luz, policía, escuela, cloaca, agua potable. Mejorar construcciones. Desarrollar planes de vivienda. Y en cuanto a prevención secundaria, los datos muestras que cuando se mejoran los servicios hay un efecto positivo.

–El estudio revela que, como móvil de homicidio, el robo no es el principal.

–Bajó, sí. En la ciudad de Buenos Aires es muy claro. En los otros casos veremos. Pero la conclusión sobre la ubicación de los homicidios dolosos es muy clara: tenemos que reclamar que no haya homicidios de primera y homicidios de segunda. Concentrar la atención en las zonas criminógenas, que son las zonas de barrios de emergencia. El resto tiene un índice de homicidios que no es para festejar, porque nunca hay que ser superficial con este tema, pero representa tres homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Es el índice de Canadá o de Europa.

–Volvamos a la hipótesis de la territorialización del narco. Está el caso de los Estados del norte de México, o el de San Pablo.

–Es simplemente una hipótesis porque justamente veo lo que pasa en otras ciudades de América latina. En la Argentina, de todos modos, la incidencia sería mucho menor si se la compara con otros países. Pero insisto en las víctimas de primera y de segunda. En el índice, los extranjeros que son víctimas de homicidio doloso están por arriba del 33 por ciento en la ciudad de Buenos Aires. Cuando hablo de prevención primaria digo que en la medida en que vayamos reduciendo la exclusión social y avancemos con la urbanización, reduciremos el ejército de reserva para el reclutamiento de organizaciones ilícitas. Hoy, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires tiene 160 mil habitantes de barrios precarios, no estamos frente a un número inabarcable si uno quiere hacer políticas públicas. Estamos perfectamente a tiempo para meterle con todo a la urbanización y a la prevención primaria. Y en el mientras tanto hay que mejorar la prevención secundaria.

–¿No empeora la situación de las fronteras el uso, por ejemplo, de la Gendarmería en zonas del Gran Buenos Aires o de la Capital Federal?

–No sé si el problema nuestro es de rutas. Hay que controlar aviones. La situación geopolítica no es tan grave respecto del tráfico. El tráfico hormiga hay que controlarlo, pero la clave es que no se genere una ruta alternativa a nivel internacional.

–¿La situación en Rosario, con los homicidios de los últimos meses, también revela enfrentamientos territoriales?

–El año pasado la Corte Suprema de Santa Fe hizo un relevamiento con cifras de 2010. El resultado era insólito. El índice de homicidios era mayor en Santa Fe que en Rosario. Algún criminólogo importante de la universidad del Litoral me lo explicó. Los villeros se matan entre ellos, no salen a matar gente por otro lado. La inundación de Santa Fe arrasó los barrios precarios, que estaban en terrenos bajos. Eso distribuyó la población en el resto de la ciudad y provocó una victimización en toda la ciudad. Inclusive lo hablé con el actual gobernador y me confirmó el diagnóstico. Por eso: basta de homicidios de primera y homicidios de segunda.

fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209049-2012-12-02.html