El legislador justicialista no está de acuerdo con lo planteos del INADI, Derechos Humanos de la provincia, la Asociación Pensamiento Penal y el Ateneo para la Conciencia Nacional.
Martín Nievas, diputado justicialista, se refirió a la derogación de cuatro artículos del Código de Faltas, “Los diputados tendrían que ver de qué manera no dejan tipos abiertos, esa debe ser la preocupación cuando no se define claramente cuál es la conducta ilícita cuando dice que afecte la moral y las buenas costumbres, cómo hago yo para saber si una persona que practica, en este caso una meretriz parada en una esquina de un negocio o parada en una casa de familia, cuál es el parámetro”.
“No se resuelve diciendo hay que hacer desaparecer la ética ni la moral porque en todo caso lo que corresponde es cerrar un poco más los tipos, pero hay como un movimiento, un avance de planteos que después no se respetan, uno tiene que ser consecuente con su propia convicción, con lo que dice, le toque ganar o perder”, señaló el legislador justicialista en diálogo con FM Facundo Quiroga.
“De pronto yo veo que estos diputados siempre hablan de pluralidad, respeto de la decisiones ajenas, todo lo que es el nuevo plexo de derechos constitucionales pero cuando alguien como una diputada le planteaba que pensaba distinto, salieron con que ella discrima , como que si no pudiera pensar de otra manera que como la que ellos plantean, esto es lo preocupante”, aseguró el diputado.
La declaración se da ante los planteos de la derogación de cuatro artículos 62, 64, 65 y 66 del régimen de Faltas del Chaco. Fueron redactados con términos con tal grado de “vaguedad, ambigüedad e imprecisión”, como “decencia pública”, “ofensa al pudor” o “actitudes reñidas con la moral y las buenas costumbres”, que sólo favorecen la judicialización de problemas sociales, que deberían ser objetos de políticas públicas, no de acciones penales.
El INADI, Derechos Humanos de la provincia, la Asociación Pensamiento Penal y el Ateneo para la Conciencia Nacional presentaron pedidos en la Legislatura, sostienen que violan derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, permiten detenciones arbitrarias y procesos de dudosa legalidad.
