«Regulando de la forma que estamos proponiendo el mercado de la marihuana, vamos a lograr horadar (socavar) el desarrollo a futuro del mercado de otras drogas», dijo el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, en una entrevista con Reuters.

El Gobierno del izquierdista José Mujica anunció el miércoles que legalizará la comercialización de marihuana como parte de un plan de 15 medidas para combatir el aumento de la criminalidad registrada en los últimos meses, pese a que Uruguay es uno de los países más seguros del continente.

La normativa deberá ser aprobada por el Congreso, donde el Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras.

El Estado descartó estar montando una red para comercializar la droga y dijo que canalizará la distribución mediante comercios privados controlados.

«La idea central del Poder Ejecutivo es que el Estado tenga una fuerte presencia en la regulación de la producción. Inicialmente nos inclinamos por una regulación y producción en el ámbito propio del Estado», dijo el funcionario.

Uruguay prevé imponer un consumo máximo de 30 gramos mensuales por persona, a través de un registro que buscará evitar el «narcoturismo» y el mercado negro.

«La idea es que solo se le venda a nacionales, algo por lo que Holanda ha desandado parte de su camino después de muchos años de dificultades con países de su región», expresó Calzada.

En Uruguay existen unos 75.000 personas que consumen marihuana al menos una vez al mes y el Gobierno estima que deberá producir 27.000 kilos cada año, algo que hará en un predio de unas cien hectáreas que aún no se ha dado a conocer.

Calzada agregó que la regulación permitirá controlar la calidad de la droga consumida, algo que no es posible actualmente. Dijo, además, que la producción podrá servir para elaborar medicinas oncológicas. El Gobierno ha dicho que su idea no es obtener ganancias de este negocio, aunque prevé gravar la venta y destinar los impuestos a la rehabilitación de adictos.

Críticas

La propuesta fue bien recibida por activistas a favor de la legalización del cannabis, aunque consideraron que el contexto no es el más adecuado.

«Nos parece criticable que esta medida haya sido presentada en el marco de un paquete general de seguridad. Para nosotros la legalización de la marihuana es un ataque directo al narcotráfico, que se sustenta en la política prohibicionista que incluso Estados Unidos reconoció que ha fracasado», dijo Martín Collazo, integrante de la organización Prolegal.

Collazo señaló además que esperan que en la discusión parlamentaria se agregue la posibilidad del auto cultivo, algo que por el momento no está contemplado por el Gobierno.

Sectores de la oposición están en contra de la medida anunciada. La diputada Ana Lía Piñeyrúa, del derechista Partido Nacional, dijo a Reuters que existen «enormes dudas de cómo se va a instrumentar» la legalización.

«La sola idea a nosotros, y a mí en particular, me provoca rechazo. (…) No soy partidaria de liberalizar la comercialización porque si no hemos podido controlar otras cosas, menos vamos a poder controlar esto», dijo.

La parlamentaria añadió que tanto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como el ministro del Interior de Venezuela, Tareck el Aissami, han pedido que Uruguay no tome una medida unilateral de esta naturaleza porque el narcotráfico se debe combatir a escala regional.